Madrid apuesta por «profesionalizar» el servicio de Uber y Cabify

uber y cabify

El Gobierno de la Comunidad de Madrid apuesta por la «profesionalización» del sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a plataformas de movilidad como Uber y Cabify.

Así lo trasladó el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad, Ángel Garrido, en la reunión que mantuvo este viernes con las principales asociaciones de VTCs.

El objetivo del Ejecutivo regional es evitar el intrusismo y la competencia desleal y mejorar la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos, según detalló al término del encuentro Garrido, quien también subrayó la importancia de que se respete la normativa.

La Comunidad de Madrid mantiene así su postura de no articular medidas restrictivas de este servicio como las que han aprobado otros gobiernos regionales, como son los de Cataluña, Valencia, Baleares, Aragón y el País Vasco.

Al cierre de 2019, Madrid contaba con un total de 8.312 licencias de VTC, lo que suponía un crecimiento del 26,7%, esto es, 1.753 coches más, respecto al ejercicio anterior.

Este volumen arroja un ratio de uno de estos coches por alrededor de dos taxis, frente a la proporción de uno a treinta que establece la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) para conceder licencias.

Garrido calificó de «muy provechosa» la reunión con el sector, en la que han participado representantes de la Asociación empresarial de alquiler de vehículos con y sin conductor (Aseval), Unauto VTC- Madrid, así como de las plataformas Uber y Cabify.

«Tengo la impresión de que ellos son los primeros interesados en que el sector funcione bien y que sea profesionalizado, y que se dé el mejor servicio al usuario», ha señalado.

Por su parte, las asociaciones le han solicitado «seguridad jurídica», tal y como ha dicho el propio Garrido. «El decreto Ábalos no deja de ser un decreto transitorio, provisional, y, por tanto, ellos quieren seguridad jurídica, cosa en lo que coincidimos», ha señalado en relación a la última normativa aprobada por el Gobierno central.